Por cuarta ocasión se pospuso la discusión del dictamen de la Comisión de Salud para la regulación y prohibición gradual de los plaguicidas como el glifosato, que se había acordado votar hace unos días, debido a que de forma sorpresiva, quienes desde el partido Morena han objetado ese proyecto presentaron una nueva iniciativa que, de entrada, eleva el plazo para erradicar los llamados agrotóxicos a tres años.
En la última década, en México se han registrado más de 30 mil intoxicaciones por uso de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) y diversas muertes asociadas a su empleo en zonas agrícolas, además de los efectos al medio ambiente, suelos, fauna y cuerpos de agua, que se han documentado en diversos estudios de expertos en la materia.
En este contexto legisladores del partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) han impulsado reformas a la Ley de Salud en materia de plaguicidas y bioinsumos que “pretenden garantizar el derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos”, acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Mexicana.
En su argumento reconocen que, “debido a la falta de regulación y monitoreo en el país, no se tiene información detallada sobre el uso de estas sustancias y cuáles son. De hecho, únicamente se cuenta con el catálogo oficial de plaguicidas que no ha sido actualizado en más de una década, y excluye información sobre los recientes descubrimientos de la peligrosidad de estos tóxicos…”.
La morenista Nancy Sánchez Arredondo, presidenta de la Comisión de Agricultura, del Senado de la República presentó ante el pleno algunas modificaciones a la reforma de la Ley de Salud y a cinco ordenamientos más en materia ambiental, que avalan también el coordinador Ricardo Monreal, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino, así como Adolfo Gómez, Rosa Elena Jiménez y Arturo Bours.
La propuesta recoge las inquietudes expresadas en el Parlamento Abierto en Materia de Plaguicidas, Fertilizantes y Bioinsumos, que se llevó a cabo el 26 de octubre pasado, expuso en tribuna la senadora Sánchez Arredondo, pero en realidad hace cambios en el sentido en que han venido presionando en las últimas semanas los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), las trasnacionales y el titular de la Secretaría de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, sobre todo en el plazo para prohibir en definitiva la importación y uso de esos herbicidas altamente peligrosos.
En su oportunidad, el senador José Narro Céspedes expuso la propuesta de reforma a la Ley de Salud es poner orden al uso de pesticidas altamente peligrosos para la salud humana, los cuales generan cánceres y otras enfermedades. Destacó que incluso organismos internacionales como la OMS,la ONU y la FAO han manifestado estar de acuerdo con la iniciativa que se promueve en el Senado mexicano.
Mencionó que un problema es que en materia de bioinsumos dentro de la política de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) y la Sader es que no se da autorización para que éstos se puedan distribuir masivamente, porque hay un bloqueo de grandes empresas trasnacionales para que se obligue a productores a comprar sus insumos químicos, que incluso son desechados en sus países.
Resaltó que dentro del programa Sembrando Vida hay un millón de beneficiarios, quienes en conjunto cultivan cuatro millones de hectárea con bioinsumos. Añadió que ante el hecho de que las 22 millones de hectáreas que se siembran –en promedio– en México se hayan reducido por la crisis económica, a 18 millones, es necesario empujar estas iniciativas para alcanzar la autosuficiencia alimentaria.
La presidenta de la Comisión de Salud, Margarita Valdez, también cuestionó el uso de PAP en México, que incluso han generado que 30% de las colmenas que producen miel se hayan pérdido y que los compradores no adquieran miel por uso de glifosato.
Aunque la presidenta de la Comisión de Salud, Margarita Valdez, y la senadora Ana Lilia Rivera, autora de la iniciativa discutida los pasados dos meses, habían aceptado modificar el dictamen, entre ellos no cerrar en definitiva el plazo para prohibir los PAP en enero de 2024, sino posibilitar que en esa fecha se valorara el proceso de sustitución, el nuevo proyecto de Morena establece 36 meses.
Además, elimina de la definición que son de alta toxicidad y sólo permite que sean sustituidos por bioinsumos producidos por la industria dominada por cuatro trasnacionales.
Tal como lo planteó el secretario de Agricultura, en la iniciativa se da un plazo a la Secretaría de Salud que no será menor de 36 meses, luego de la entrada en vigor de la ley para evaluar el riesgo de los plaguicidas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Rafael Espino, declaró a medios que la propuesta pretende, “regular y no prohibir” el uso de los “plaguicidas peligrosos” y aseguró que no va en contraposición del dictamen de la Comisión de Salud –que ya ha tenido una amplia discusión.
La nueva propuesta de los legisladores morenistas ha sido fuertemente criticada por expertos, organizaciones no gubernamentales y funcionarios del propio gobierno, quienes señalan que va en la misma dirección que ha expresado los agroempresarios agremiados en el Consejo Nacional Agropecurio (CNA), lo cual incide en una “flexibilización” de la nueva propuesta de reforma a la Ley de Salud en materia de plaguicidas y bioinsumos. También repite el argumento de que “sin los plaguicidas se caerá la producción y no se logrará la autosuficiencia alimentaria”.
El CNA expresó que, “la regulación por encima de la prohibición es pieza fundamental para poder avanzar a un consenso. Prohibir normativamente afecta a los productores y los coloca en desventaja y vulnerabilidad económica. No podemos arriesgar el 40% de la producción del campo, no podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria”. Por medio de un comunicado, el organismo empresarial anotó que “debemos tener presente que la producción de alimentos orgánicos, libres de agroquímicos, no cubren ni el 1% de lo que consumen las familias en nuestro país”.
Al presentar la iniciativa –el pasado 15 de noviembre– de un grupo de senadores para reformar seis leyes relacionadas con los plaguicidas, la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, aseguró que la propuesta recoge las inquietudes expresadas en el Parlamento Abierto en materia de Plaguicidas, Fertilizantes y Bioinsumos, que se llevó a cabo el 26 de octubre pasado. Hace énfasis en que el tema del control de los PAP, “debe ser atendido por el Estado en un marco de coordinación gubernamental, competente en materia fitosanitaria, inocuidad, calidad alimentaria, comercio y desarrollo rural, para controlar eficazmente el comercio de alimentos básicos desde su siembra”.
“En este marco se deberá expedir la norma que establezca los límites máximos de residuos para la producción de cada uno de los alimentos catalogados conforme a los acuerdos internacionales y el Codex Alimentarius de la FAO, pero también las reglas en materia de dosis, número de aplicaciones, días y cosecha, compra-venta de plaguicidas, incluidos los bioinsumos, así como los mecanismos para exigir a los productores agrícolas la exhibición de bitácoras de uso, así como los certificados expedidos por un laboratorio certificado por la autoridad correspondiente, que su cosecha se encuentra dentro de los límites máximos de residuos establecidos para el cultivo en cuestión por la autoridad correspondiente”.
Al exponer en el pleno del Senado la propuesta, Sánchez Arredondo dijo: “nuestra responsabilidad es que se legisle y que no impacte en la producción, en la productividad, pero tampoco en la salud de las personas”.
Las organizaciones no gubernamentales critican que predomine el afán de ganancia de unas cuantas empresas sobre el derecho a la salud de los agricultores y trabajadores agrícolas.
Tanto los agroempresarios como los senadores que hablan de regular y no prohibir pasan por alto o ignoran las intoxicaciones y muertes que provocan los plaguicidas y los efectos a la salud en el corto, mediano y largo plazos.
Con ello, la discusión se prolongará, en medio de cabildeos de trasnacionales y grandes productores, que ven en riesgo sus fuertes intereses económicos.
Algunos datos extras:
* El uso intensivo de plaguicidas esta asociado a la apertura comercial de México con diversos países del mundo, especialmente con Estados Unidos.
* A partir del año 2000 hasta 2019, las personas intoxicadas promediaron 3,500, cifra 2.2 veces mayor con respecto a la que se tenía antes de 1994.
* “En México, en el periodo 1988 a 1993, previo a la apertura comercial de México con Estados Unidos y Canadá, se presentaba en promedio 1,600 casos por intoxicación.
A partir de 1994, en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), los casos se incrementaron en promedio en casi 6,900, es decir, 4 veces más respecto del periodo anterior”, señala un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados.
* En el mundo, el consumo mundial de pesticidas está aumentando, aun cuando las consecuencias ecológicas y para la salud son conocidas desde hace mucho tiempo. Alrededor de 385 millones de casos de envenenamiento por pesticidas se registran al año.
FUENTE: Imagen Agropecuaria.
