Con la salida de plaguicidas “altamente tóxicos” a partir del 2023, los ánimos se caldean

Hace algunos días, senadores de Morena presentaron una iniciativa para modificar seis leyes en torno al uso de plaguicidas: Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley General de Salud, Ley General del Equilibrio Ecológico, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, Ley Federal de Sanidad Vegetal y Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

En respuesta, los presidentes de las comisiones de Agricultura y de Estudios Legislativos del Senado, Nancy Sánchez y Rafael Espino, respectivamente, presentaron un nuevo proyecto de iniciativa para regular el uso de plaguicidas tóxicos que se contrapone al dictamen de sus compañeros de Morena que estaba ya por discutirse, con lo cual se aplazó, por tercera vez, el debate para regular su uso.

En la opinión de la bióloga Ana Maribel Morales del Moral directora del Laboratorio de Análisis de Suelo, Agua y Plantas de Cedefrut, en Martínez de la Torre, Veracruz, a partir del 1 de enero de 2023, plaguicidas que han sido considerados altamente peligrosos saldrán del mercado y no podrán ni deberán ser usados por los productores en este caso citrícolas, detalló en entrevista para un diario local.

Agregó que es debido a que constituyen un riesgo y daño a la salud humana y a especies de fauna benéfica como las abejas.

La especialista, dijo que dentro de las moléculas que serán retiradas se encuentran la abamectina, aceites minerales, bifentrina, furagranes, carbofuran, diazinon, clorpirifos, entre otros más que deberán ser sustituidos por otros componentes que no signifiquen un riesgo para la salud de las personas.

Morales del Moral señaló que se busca además de quitar los riesgos para la salud de los productores y consumidores, es que se trabaje con prácticas sustentables y agroecológicas que den los mismos resultados pero sin exponer a las personas a afectaciones neurotóxicas o cancerígenas.

La bióloga indicó que es necesario que los productores estén al tanto de la lista de plaguicidas que saldrán del mercado para buscar sus alternativas, además de que les recomendó acercarse a especialistas para tener mejores prácticas en el uso de plaguicidas y disminuir los riesgos que conlleva el uso de este tipo de productos.

Por otra parte, durante el webinar “Prohibición de Plaguicidas: contexto legislativo e impactos” el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda, explicó las graves consecuencias que la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos, PAPs, tendría en el país, como una baja de la producción agrícola, el aumento en los costos de producción de los cultivos y el aumento en el precio de los alimentos, así como un incentivo para la compra de plaguicidas ilegales, causantes de graves daños a la salud de productores y consumidores, así como del medio ambiente.

González Cepeda dijo que “el campo mexicano está sometido a un proceso de incertidumbre derivado de diferentes decisiones políticas, como la prohibición de importar maíz amarillo de Estados Unidos y del que México importó 17 millones de toneladas el año pasado, o los intentos por reformar diferentes leyes, como la Ley General de Salud, que busca prohibir a los PAPs, sin tomar en cuenta las graves consecuencias económicas y sociales que tendría su prohibición”.

El presidente de la UMFFAAC dijo que el debate en torno a los PAPs ha sido muy engañoso porque los argumentos a favor de prohibir los plaguicidas están basados en la ideología y la manipulación de información y citó dos ejemplos contundentes: “El primero nos dice que los plaguicidas afectan la salud de miles de jornaleros agrícolas del país, pero el Reporte Nacional de Intoxicaciones por Plaguicidas nos indica que hay una clara tendencia a la baja, pues en el año 2015 se reportaron en total poco más de 4 mil casos y para el año pasado, la cifra era de 2 mil 112 casos. Es decir, es una exageración decir que los plaguicidas son un peligro para la salud de los agricultores, pues siempre y cuando estos los manejen de manera adecuada, con el equipo necesario y siguiendo las instrucciones para su aplicación.”

Otro ejemplo de manipulación que dio González Cepeda es asociar a los PAPs con la muerte de las abejas. Explicó que “que la población de las abejas ha aumentado en los últimos años. En 2015, había 2 millones 17 mil; para 2018, había 2 millones 172 mil, y el año pasado 2 millones 226 mil, según los datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, de modo que no hay ningún fundamento para afirmar que hay una disminución en la población de las abejas para justificar que se prohíban los PAPs.”

El presidente de la UMFFAAC fue muy claro también al demostrar las consecuencias económicas de la prohibición de los PAPs, pues dijo que cultivos como el aguacate ya no podrían utilizar el 67%, de las sustancias necesarias para protegerlo de las plagas, el limón perdería el 48%, la caña 48%, naranja 47%, maíz 43%, la papa 42%, el jitomate y pimiento 37%, y, la zarzamora 32%.

En este sentido, González Cepeda dijo que “la pérdida de los ingredientes activos de los PAPs  causaría que los cultivos no se protejan de manera eficaz contra las plagas, y el resultado sería una disminución en la producción agrícola, se encarecerían los costos de producción por la búsqueda de alternativas que sustituyeran los plaguicidas, tendríamos que importar más alimentos y aumentaría el precio de los mismos, justo cuando el gobierno busca controlar la inflación de la canasta básica, lo que a su vez afectaría a los sectores más pobres de la población.”

En cuanto al impacto en los costos de producción que tendría la prohibición de los PAPS, el presidente de la UMFAAC demostró el caso del maíz de temporal en Jalisco y Chiapas. En el primero, el costo por hectárea aumentaría de 7 mil 500 pesos a 12 mil pesos, mientras que, en Chiapas, el costo pasaría de mil 700 pesos a 2 mil 650 pesos, “lo que incrementaría el precio de la tortilla, nos obligaría a importar más maíz e, inclusive, podría llevar a los productores a abandonar el campo al dejar de ser una actividad rentable”.

González Cepeda dijo también que los bio-insumos sí pueden ser una opción a los plaguicidas químicos, pero no tienen la capacidad de garantizar la producción a escala que el mundo y el país necesitan para alimentarse. Además, dijo, “deben ser también regulados, porque, no por el hecho de que sean orgánicos, dejan de ser un riesgo para la salud. Plaguicida es todo aquello que mata plagas, sea orgánico, biológico o químico, de ahí la importancia que se sometan a un proceso riguroso que certifique que no sean un peligro para la salud y el medio ambiente.”  

Finalmente, el presidente de la UMFFAAC insistió en que “la regulación de los PAPs no debe basarse en un enfoque prohibitivo, para que se adopte uno de carácter integral, que tome en cuenta tipos de cultivos, regiones, y que considere lo que se conoce como los Límites Máximos de Presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos (LMRs), como está regulado a nivel internacional, de acuerdo al Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR), una responsabilidad que en conjunto tienen la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO y la Organización Mundial de la Salud, OMS.”

Jaime Sotelo García, subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno de Colima, aseguró que se están tomando medidas para evitar que se vuelva a dar una mortandad de abejas por el uso de pesticidas, situación que se presentó hace algunas semanas afectando a al menos 200 colmenas en zonas de Armería y de Tecomán.

El funcionario estatal afirmó que se mantiene en pláticas y haciendo recorridos para llegar a acuerdos con papayeros, limoneros y productores de coco y suspendan el uso de productos, especialmente el “más dañino”, identificado como Fipronil. “Otra de las medidas es hacer aspersiones en la tarde-noche que es cuando las abejas están en las colmenas y así evitar hacerles daño”, comentó.

Entre los productores y apicultores, además de los gobiernos del estado y federal, así como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que norma el uso de insecticidas, se propone que se trabaje unidos en evitar que ocurra daño a las abejas.

Destacó que gran parte de la agricultura y fruticultura de Colima, especialmente de Tecomán, es de exportación, es decir, que son adquiridos en los mercados internacionales con reglas muy estrictas para que no signifiquen algún riesgo en la salud, de tal manera que los productores están sumamente conscientes de que al usar productos que provoquen algún daño se cerraría el mercado en los países a donde son exportados.

“Si tomamos eso en cuenta, la situación puede dañar a los mismos productores y a gran parte de la economía de Colima. Por eso es importante de parte de ellos esa voluntad de participar”, insistió.

Resaltó que instancias como el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Imades) están propiciando plantaciones en los diferentes espacios naturales para apuntalar la siembra de árboles o arbustos que produzcan flores melíferas para que tengan las abejas áreas de menor riesgo.

Por su parte, la iniciativa privada, a través del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), advirtió que la prohibición de estos plaguicidas, sin un análisis de riesgo, provocarían la caída de hasta 40 por ciento en la producción agrícola, lo que daría un doble golpe, ya que por un lado se registrará un incremento en los precios de alimentos básicos, así como una reducción en las exportaciones de productos hortifruticultores —que en 2021 alcanzaron un valor de ventas de 11 mil millones de dólares—, además de la consecuente pérdida de empleos.

También el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, declaró durante la mañanera del 1 de diciembre, que “si es mucho el daño a la salud y no encontramos opciones, alternativas, pues se prohíbe. Pero estamos en eso, estamos buscando opciones, desde herbicidas –vamos a decir– no químicos hasta el uso del machete y de la tarpala para limpiar hierba, en vez de desaparecerla con bombas de aspersión. Estamos en eso, y ya vamos a dar una respuesta”.

Sin embargo, el primer mandatario indicó: “no queremos que se prohíba y que no haya una opción, una alternativa, porque quienes defienden lo del glifosato sostienen que, en el mundo, así como se lo estoy diciendo, no hay todavía algo que lo sustituya, desde luego que no sea dañino. Entonces, se está haciendo un análisis”.

López Obrador expuso que es cierto que este tipo de agrotóxicos “hacen daño a la salud, pero no hay cómo sustituirlo, y estamos hablando de la producción de alimentos. Entonces, se estableció un decreto [para prohibir gradualmente el glifosato], emití un decreto para limitar el volumen utilizado, y esto se está cumpliendo. Y el propósito es que cada año se vaya limitando más”.

En el ámbito internacional, 11 grupos de la sociedad civil y organizaciones indígenas pidieron a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) terminar inmediatamente su acuerdo –firmado hace dos años– con CropLife International, asociación que agrupa a los mayores fabricantes trasnacionales de plaguicidas del mundo: Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva, BASF, FMC y Sumitomo.

De acuerdo con la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), la exigencia es para que la FAO demuestre su liderazgo frente a la crisis climática. La solicitud se ha hecho en el marco de la reunión del Consejo de dicha agencia de la ONU en Roma, Italia, en su 171 periodo de sesiones.

En la misiva –dirigida a Beth Bechdol, directora general adjunta de la FAO y a los miembros del Consejo–, se pide “mayor transparencia y responsabilidad en la relación y creciente colaboración de la FAO con CropLife Internacional”.

Grupos como la Pesticide Action Network (Red de Acción en Plaguicidas), la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes y el Consejo Internacional de Tratados Indios piden a la FAO “que dé prioridad a la agroecología dirigida por las comunidades como una solución innovadora de resiliencia climática, y que garantice que las estrategias climáticas y científicas no den prioridad a los plaguicidas de síntesis química y fertilizantes químicos, ni a las entidades del sector privado que violan los derechos humanos o a destruyen el medio ambiente”.

De acuerdo con RAPAM, se expone también que “los plaguicidas de síntesis química se derivan de los combustibles fósiles, destruyen la capacidad del suelo para capturar carbono, liberan gases de efecto invernadero y, en general, hacen que los sistemas agrícolas sean más vulnerables a los impactos del cambio climático. Los plaguicidas también desempeñan un papel importante en el alarmante ritmo de extinción de especies a nivel mundial, que amenaza la base de la producción de alimentos y el desarrollo sostenible. Se calcula que el uso y la toxicidad de los plaguicidas tiene que reducirse en dos tercios para detener la catastrófica pérdida de biodiversidad”.

En su comunicado, RAPAM resalta que “en México las transnacionales de CropLife están representadas por Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCyT), que es parte del Consejo Nacional Agropecuario, que se han opuesto al decreto presidencial de prohibición del uso de glifosato y maíz transgénico para 2024. También se han pronunciado contra las reformas a la Ley General de Salud que propone un programa Nacional de Prohibición Progresiva de Plaguicidas Altamente Peligrosos y apoyo a bioinsumos, que está pendiente de ser dictaminada en el Senado”.

El doctor Fernando Bejarano, integrante de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) y de la Campaña Sin Maíz No Hay País, advirtió que esas corporaciones trasnacionales –entre ellas Bayer-Monsanto y Syngenta– se alían en Estados Unidos con los empresarios del agronegocio del maíz transgénico amarillo para presionar al presidente Joseph Biden y amenazar a México con tomar acciones legales en el marco del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

Añadió que este nuevo llamado a la FAO para que ponga fin a su acuerdo con la industria de los plaguicidas llega dos días después del 38 aniversario del Día Internacional contra el Uso de Plaguicidas, que rememora –el 3 de diciembre– la tragedia del escape de gas tóxico en Bhopal, India por la transnacional Union Carbide.